Economía, impuestos y haciendas

Economía, impuestos y haciendas en el siglo XIX en El Salvador

Jueces de agricultura del departamento de Nueva San Salvador. Dentro de la gráfica se destaca la presencia de Hilario Guillen, quien fungía como juez de agricultura de San José Villanueva para 1881. Fotografía tomada del Diario Oficial de El Salvador, facilitado por el Archivo General de la Nación

La hacienda fue la unidad económica más importante durante el período colonial desde los s. XVII al XX. En su extensión de terreno se cultivaba y se criaba ganado para comerciar y subsistir al mismo tiempo. A pesar de ser una entidad económicamente autosuficiente, debía pagar una serie de impuestos a la corona española. Dichos impuestos fueron conocidos como las alcabalas

En la época colonial la alcabala era un impuesto que debía pagar todo vendedor tanto de esclavos y semovientes (ganado), como de cualquier otro producto con el agravante de aumentar el precio de venta para el comprador, quien era el que en realidad pagaba dicho impuesto. Se cree que dicho impuesto fue establecido por el rey castellano Alfonso XI de forma temporal en 1342, pero que pasó a ser una renta fija para la corona desde 1349 manteniéndose en España e incluso trasladándose a América y durando hasta 1813 durante el reinado de Fernando VII, soberano que aceptó la emancipación de las colonias americanas.

En el caso de la hacienda salvadoreña, a finales del s. XIX aún se pagaban impuestos, ya no a la corona, pero el sí nuevo estado salvadoreño que no dejo de mantener dicho impuesto hasta 1928, fecha en que lo derogó por considerarlo obsoleto e inadecuado (Diario Oficial de El Salvador 1º. De septiembre de ese mismo año).

En mayo de 1881 el municipio de San José Villanueva pagaba impuesto de alcabala interna al gobierno de ese entonces, un total de 14 pesos, en concepto de compra ventas, 12 pesos como impuesto al tajo de reses, 140. 6 pesos por canon de terrenos. Esto constituye un control más o menos minucioso de los impuestos que el municipio pagaba al estado, dicho control se ejecutaba una vez al año y se emitía un fallo en el periódico oficial al año siguiente.

Debió de haber sido una época difícil, ya que a finales del s. XIX y principios del XX el país se encontraba en una crisis económica dada la inestabilidad de los precios del café, por lo que muchas de los agricultores se vieron obligados a hipotecar sus propiedades a favor de los terratenientes más grandes y poderosos como Emeterio Ruano, Fedor Deininger, Arthur Soundy y el general Luciano Hernández entre otros, muchas veces sin poder pagar la cantidad adeudada a su acreedor terminaban perdiendo considerables extensiones de terreno.